La siguiente información ha sido elaborada, conjuntamente, por los equipos profesionales de ALLEM, DINCAT Asociación Empresarial de Economía Social, AMMFEINA y el Clúster Créixer, contando con el apoyo experto y el asesoramiento jurídico de Santiago Lesmes, en base al marco legislativo vigente y de varios dictámenes e informes jurídicos.
La guía y otros materiales de apoyo están disponibles en el siguiente enlace:
http://contractacioinclusiva.blogspot.com.es
Crecer en contratación inclusiva por la ocupación de personas con discapacidad con especiales dificultades
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce (artículo 27) el «derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las otras; esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad». Este es precisamente el objetivo de la presente guía: fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad con especiales dificultades.
La contratación pública representa aproximadamente el 18’5% del PIB. La importancia económica del mercado público lo convierte en un instrumento muy potente de la política económica y social de la cual forma parte.
Se trata en consecuencia de aplicar el concepto de contratación pública socialmente responsable, según recomienda la Comisión Europea, y que incluye múltiples aspectos, como el comercio justo, la equidad de género, o el trabajo infantil, entre otros. Pero en la situación actual, después de un largo periodo de crisis económica, una de las prioridades de las Administraciones Públicas que quieran incorporar criterios de responsabilidad social en sus contrataciones es la inclusión laboral de personas con especiales dificultades de ocupación.
Este loable objetivo se encuentra plenamente amparado por la legislación vigente, y de manera más notoria en la nueva Directiva europea sobre contratación pública que habilita la posibilidad de realizar contratos públicos que tengan como principal finalidad la inclusión laboral de personas con especiales dificultades de ocupación, así como la vía de introducir reservas de contratación a centros especiales de trabajo, incorporar exigencias de solvencia técnica específica, o incluir criterios de adjudicación o condiciones de ejecución de carácter social.
En los términos que establece la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real decreto Legislativo 1/2013, resulta no solamente una facultad sino un deber de la adopción de medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo (artículo 40).
Así mismo, hay que señalar que las personas con discapacidad con especiales dificultades por la inclusión laboral sufren niveles muy superiores de paro y desocupación, suponiendo esta realidad una grave discriminación y una pérdida básica en su realización personal y autonomía. También se destacan los importantes beneficios sociales y económicos que reportan al conjunto de la sociedad su participación en el mundo del trabajo.
La contratación pública socialmente responsable para la inclusión laboral: concepto, realidad y retorno
El concepto de contratación pública socialmente responsable
Las contrataciones públicas socialmente responsables (CPSR) se refieren a las operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más de los siguientes aspectos sociales: oportunidades de ocupación, trabajo digno, cumplimiento con los derechos sociales y laborales, inclusión social (incluidas las personas con discapacidad), igualdad de oportunidades, diseño universal y accesibilidad, consideración de los criterios de sostenibilidad, incluidas las cuestiones de comercio ético y, un cumplimiento voluntario más amplio de la responsabilidad social de las empresas (RSE), a la vez que se respetan los principios consagrados en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y las Directivas de contratación. Las contrataciones públicas socialmente responsables pueden ser una herramienta muy eficaz para avanzar en el desarrollo sostenible y para lograr los objetivos sociales de la UE (y los Estados miembros) .
Las contrataciones públicas socialmente responsables cubren una amplia escalera de aspectos sociales, los cuales pueden tener en cuenta las entidades adjudicadores en la etapa apropiada del procedimiento de contratación. Los aspectos sociales pueden combinarse con los aspectos ecológicos en un enfoque integrado hacia la sostenibilidad en las contrataciones públicas.
La contratación pública socialmente responsable como generadora de oportunidades de trabajo para personas con discapacidad con especiales dificultades
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce (en su artículo 27) el «derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las otras; esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad».
La prioridad tiene que ser siempre la inclusión laboral sin discriminaciones de ningún tipo y, por eso,el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real decreto Legislativo 1/2013 define la adopción de medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo (artículo 40):
«Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad de trato no impide que se mantengan o se adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo o por razón de discapacidad»
Aun así, si bien el trabajo es una herramienta clave para lograr la plena autonomía y realización de las personas y, se trata de una dimensión fundamental en la calidad de vida de las mismas, no todas las personas tienen las mismas posibilidades para acceder al mercado laboral ordinario y es en estos casos en los cuales los Centros Especiales de Trabajo cobran un papel determinante en la creación y mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad con especiales dificultades.
Por lo tanto, las administraciones públicas pueden ejercer un papel clave en la promoción de la generación de oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad con especiales dificultades mediante la contratación, por varias vías:
1. >Contratando internamente, a la propia administración, personas con discapacidad con especiales dificultades, adoptando las medidas necesarias para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo.
2. Promoviendo que a las empresas privadas cumplan con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad y vayan más allá de sus obligaciones.
3. Incentivando la contratación y compra a CET, por parte de las empresas adjudicatarias de los concursos públicos que aquellas realicen.
4. Incorporando cláusulas sociales y otros criterios de CPSR que se orienten a contratar servicios con Centros Especiales de Trabajo, las cuales prioricen la incorporación laboral de personas con discapacidad con especiales dificultades.
Para impulsar estas vías, la contratación pública socialmente responsable es una herramienta eficaz y adecuada.
La realidad del paro y la ocupación entre las personas con discapacidad con dificultades especiales
Las personas con discapacidad con dificultades especiales para acceder a un puesto de trabajo sufren un gran risco de exclusión social, aún más en la actualidad, debido a la continuada crisis que estamos viviendo.
Personas con discapacidad
Según el informe “Las personas con discapacidad y el mercado de trabajo en Cataluña, UGT, 2014” legalmente reconocida, 37.391 personas más que en 2012. Esto significa que el 6,8% de la población catalana tiene alguna discapacidad legalmente reconocida.
En cuanto a la población con discapacidad en edad laboral (16 a 64 años) había 259.539 personas, algo más de la mitad del total de las personas con discapacidad reconocida (el 50,5%), de las cuales el 46,9% eran mujeres y el 53,1% eran hombres. Por grupos de edad, la mayor parte se sitúa entre los 45 y los 64 años, representando el 36,8% del total de las personas con discapacidad en edad laboral del colectivo entre los 55 y los 64 años. En cambio, los menores de 35 años sólo representan el 15,3%.
Si nos fijamos en los datos de actividad laboral, existen grandes diferencias con la población sin discapacidad: según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 39% de las personas con discapacidad en edad laboral de Cataluña se encuentra en situación de actividad, ante el 81% de la población sin discapacidad.
Respecto a los datos sobre el paro, con fecha de 30 de septiembre de 2014, en Cataluña 10.485 personas trabajadoras con discapacidad estaban registradas en el paro, un 3,7% más que un año atrás.
La contratación de las personas con discapacidad es casi testimonial en el conjunto de la contratación realizada en Cataluña: los 9.494 contratos firmados por personas con discapacidad entre enero y octubre de 2014 representan sólo el 0,46% del total de la contratación realizada en el país el mismo periodo. Si tenemos en cuenta que la población con algún tipo de discapacidad en Cataluña potencialmente activa supone el 5,21% del total de la población entre 16 y 65 años, podemos afirmar que la tasa de contratación de las personas con discapacidad está muy por debajo de la media general de contratación.
El 96% de los contratos efectuados durante el año 2014 se han hecho bajo medidas positivas. O sea, que prácticamente la totalidad de la contratación realizada a las personas con diversidad funcional se ha hecho en centros de trabajo o ha estado bonificada.
Fuente: Las personas con discapacidad y el mercado de trabajo en Cataluña, UGT, 2014
En este sentido, este incremento no se ha producido en todos los colectivos de personas con discapacidad. En 2013, la plantilla de personas con discapacidad en los CET de Cataluña era de 13.227 trabajadores, con la siguiente distribución:
De los 1.047 puestos de trabajo creados en CET de Cataluña, entre los años 2011 y 2013, el 64% dan faena a personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad inferior al 65%. Personas que, en muchos casos, podrían acceder a un puesto de trabajo en una empresa ordinaria.
Los trabajadores con discapacidad con dificultades especiales suman un 67% del total de la plantilla de CET y pierden peso de forma progresiva a lo largo de los años, cuando el trabajo protegido nació como un recurso para estas personas. Los datos evidencian la urgencia de diseñar ayudas e incentivos en función de las necesidades específicas de apoyo del trabajador o trabajadora.
El impacto positivo y el retorno económico y social que genera la ocupación de las personas con discapacidad en los CET de iniciativa social
Respecto al impacto y regreso económico de los centros especiales de trabajo, varios estudios ponen en evidencia su gran aportación a la sociedad.
Representan una herramienta eficaz para combatir la exclusión social y para promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad con especiales dificultades y suponen por un lado, una inversión con los flujos económicos generados al erario público y, por otro lado, un ahorro en protección social.
Los centros especiales de trabajo no representan una carga para la sociedad, sino un valor añadido tanto a nivel social como económico. Además, suponen una oportunidad para la dinamización económica del territorio, desarrollando actividades ligadas a su realidad y necesidades:
Por cada euro invertido (1€) por las administraciones públicas, los CET de iniciativa social sin afán de lucro devuelven a la sociedad entre 3,66 € y 4,49 € (según estudios SROI realizados por parte de difrentes Centros Especiales de Trabajo).
Promoviendo la contratación pública socialmente responsable las administraciones públicas pueden llevar a cabo una actuación clave en la mejora del sistema de bienestar de nuestro país.